«Más allá del reconocimiento legal de sus derechos sociales, económicos y culturales la ciudadanía social durante la primera infancia exige escenarios donde dichos derechos se experimenten de manera efectiva»: Maria Cristina Torrado.

Hablar de ciudadanía de las niñas y niños, en especial de los menores de cinco años, puede resultar contradictorio si en un primer momento la asociamos con la posibilidad de ejercer los derechos civiles y políticos que exigen la mayoría de edad. Es necesario entonces, tal como ha venido sucediendo, ampliar el concepto de ciudadanía para deslindarlo de su sentido más restringido y así incorporar nuevos elementos que den cuenta de las dinámicas de las sociedades contemporáneas.

El concepto de ciudadanía tiene una larga tradición en la filosofía política donde surge para caracterizar las relaciones entre gobernantes y gobernados en las sociedades democráticas en las cuales se reconocen derechos y existen límites a la actuación del Estado. Por esta razón nos remite a las prácticas de la democracia ateniense, a la lucha de los revolucionarios franceses contra el absolutismo de los monarcas y a la construcción histórica posterior que conduce a la idea de derechos humanos.

Si bien es cierto que en su origen el estatus de ciudadano era el privilegio de algunos, los hombres libres y los propietarios, y se excluía a las mujeres, las niñas y niños, los esclavos y otros grupos subordinados, hoy en día se considera una condición a la que deben aspirar todas las personas integrantes de una sociedad. De otra parte, en su desarrollo la idea de ciudadanía se ha hecho más compleja buscando superar la igualdad formal e incorporando la identidad cultural, el bienestar y diversas formas de expresión y participación política como derechos de las personas.

Por esta razón, más allá de una condición definida por las normas legales, la ciudadanía es una forma de reconocimiento como miembros plenos de una sociedad; su mejor expresión no es el ejercicio del derecho a votar sino los vínculos y relaciones entre las personas, los colectivos y las instituciones sociales. La desigualdad, la exclusión y la discriminación son los mayores obstáculos para hacer realidad sociedades donde todas y todos seamos ciudadanos.

En este contexto y ligado al reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos titulares de derechos hemos pasado a hablar de ciudadanía infantil para referirnos a un ideal de pertenencia y participación social de las personas desde el comienzo de su vida. No se trata únicamente de que sus opiniones sean tenidas en cuenta, sino de ser tratados en todos los escenarios como personas capaces que contribuyen de manera activa a la construcción de la cultura y la sociedad de la que hacen parte.

La ciudadanía en la primera infancia se hace posible cuando los gobernantes y la sociedad en su conjunto permiten que los niños disfruten de la cultura.

En otras palabras, para ejercer la ciudadanía desde los primeros años se requiere tanto la participación de niños y niñas en el escenario público como el disfrute de las condiciones de bienestar que merecen, incluidos los procesos de socialización orientados por principios democráticos de equidad y respeto que les permitan desplegar sus formas propias de expresión e incluso, para sentirse integrantes dignos de su familia, su comunidad y su país. De esta manera podrán ejercer su ciudadanía social a la vez que se preparan en la práctica de sus derechos políticos y civiles.

En el sentido propuesto la ciudadanía infantil de las niñas y niños más pequeños no es solo participación o el registro civil de nacimiento, es sobre todo ciudadanía social; por eso además de vida digna es en esencia la vivencia de relaciones de pertenencia e integración social y por tanto, la construcción de vínculos con otras personas.

La ciudadanía de los más pequeños se hace posible cuando los gobernantes y la sociedad en su conjunto cumplen con la obligación de garantizarles la alimentación, la salud, un entorno familiar seguro, protección frente a todas las formas de violencia, el disfrute de los bienes culturales, escenarios para jugar y la educación inicial; en otras palabras una situación de bienestar propia del ejercicio de la ciudadanía social en este momento de la vida.

Más allá del reconocimiento legal de sus derechos sociales, económicos y culturales la ciudadanía social durante la primera infancia exige escenarios donde dichos derechos se experimenten de manera efectiva. De esta manera, la ciudadanía podrá convertirse en una experiencia subjetiva de todas las niñas y niños del país, que les permita construirse como sujetos dignos de ser reconocidos como miembros plenos de su sociedad. Esto es necesario para la conformación de una sociedad más justa e igualitaria.

Por esta razón, promover la vivencia de la ciudadanía social desde los primeros años de la vida debe ser un referente para el diseño e implementación de las políticas públicas dirigidas a garantizar sus derechos en países como Colombia, donde la pobreza y la desigualdad configuran diversas infancias y con ellas grandes brechas en el ejercicio de los derechos consagrados en la Convención Internacional de Derechos del niño de 1989, en nuestra Constitución política y en la legislación nacional. Esto es una vivencia diferencial de la ciudadanía.

Promover la ciudadanía social de los más pequeños es además una estrategia para cambiar representaciones sociales sobre los niños e incidir en las prácticas y formas de relacionarnos con ellos en todos los escenarios sociales.